Los pagos por encima del techo constitucional en la función pública brasileña consumieron al menos R$ 24,3 mil millones en 2025, según un estudio de siete organizaciones de la sociedad civil. El monto benefició a cerca de 67,3 mil funcionarios. El límite salarial es de R$ 46.366,19.
En un manifiesto divulgado el 9 de noviembre, las organizaciones piden que el gobierno federal y el Congreso elegidos este año den prioridad a la lucha contra los supersalarios. Entre las 11 medidas propuestas figuran criterios nacionales para los pagos salariales e indemnizatorios, mayor transparencia y la exigencia de responsabilidades por pagos sin respaldo legal.
Las organizaciones critican las normas provisionales establecidas en marzo por el Supremo Tribunal Federal, mientras el Congreso no apruebe una ley federal sobre el tema. Estas permiten a los magistrados y a los integrantes del Ministerio Público recibir hasta un 35% del techo en pagos indemnizatorios y otro 35% por tiempo de servicio. La suma puede elevar la remuneración hasta un 70% por encima del techo. Para las organizaciones, esta división consolida un nivel excepcional durante la transición. También rechazan elevar el límite constitucional.
